En opinión de Manuel Díaz, entre los 64 aspirantes a ocupar una de las 9 posiciones disponibles en la SCJN, destacan las magistradas afiliadas al partido oficial, pues será una de ellas quien presidirá la Corte
La ministra de la SCJN, Yasmín Esquivel, saluda a sus simpatizantes al término de un evento (Daniel Augusto)
La elección del próximo primero de junio en la que se elegirán magistrados y jueces representa un verdadero parteaguas para el país, pasamos de ser una república con división de poderes que en cierta medida mantenían autonomía, a un régimen dictatorial y autoritario con un poder único, pero que según algunos es “más democrático”.
La que será la elección más grande de la historia de México por el número de cargos que se disputan, 881 posiciones a nivel federal y cientos de cargos judiciales locales en 19 entidades, es una farsa absurda: la maneja un INE que ya no es ciudadano ni autónomo.
Del proceso electoral
Para empezar al INE, organizador y garante de la elección, le recortaron los recursos necesarios para tener estándares de cobertura y calidad. Las boletas, casi el doble que en la elección federal del año pasado, son sumamente complejas, por ejemplo, para los 881 cargos del ámbito federal hay 3,423 candidatos y, de los 64 candidatos a ministros a la SCJN que aparecerán en una sola boleta, serán electos 9.
Otro factor, los bajos topes de campaña que se establecieron, impiden que se pueda promover el voto informado, y muchos recursos financieros y en especie, no serán reportados al INE.
Al momento de elegir magistrados, por ejemplo, el ciudadano tendrá que seleccionar de una lista de 64 candidatos, en su mayoría desconocidos, a cinco mujeres y cuatro hombres. Entre quienes acudan a las urnas, los menos elegirán al azar, pero la gran mayoría elegirá por consigna porque Morena y aliados activarán a sus bases clientelares.
A los candidatos les pusieron una serie de restricciones para hacer campaña: no pueden asistir a eventos y debates públicos cuando no sean invitados todos los participantes de esa contienda, deben distribuir propaganda impresa que sea biodegradable, y tener reuniones públicas, pero sin organización (templetes, sillas, bocinas, etc.).
No pueden contratar espacios en radio y TV, internet, ni imprimir propaganda en materiales distintos al papel. No pueden difundir propaganda con calumnias o acusaciones falsas, ofrecer o dar regalos, dinero o beneficios, pagar para hacer o difundir encuestas ni contratar espectaculares, bardas o autobuses para promocionarse.Si en la elección presidencial de 2024, considerada la más grande porque se disputaron 629 cargos federales, se instalaron 170,182 casillas, en la elección del 1 de junio el INE estima que se instalarán unas 85 mil y, si en 2024 se imprimieron 312 millones de boletas, para esta elección serán 602 millones.
De los candidatos magistrados
Entre los 64 aspirantes a ocupar una de las 9 posiciones disponibles en la SCJN, destacan las magistradas afiliadas al partido Morena y será una de ellas quien presidirá la SCJN. Todas, sin excepción tienen uno o varios familiares incrustados en la estructura de Morena o en cargos del ejecutivo.
Lenia Batres Guadarrama, es hermana del exjefe de gobierno de la CDMX y actual director del ISSSTE; Loretta Ortiz Ahlf, es viuda de José Agustín Pinchetti, quien en la administración de AMLO ocupó la Fiscalía contra Delitos Electorales, y Yasmín Esquivel Mossa, la magistrada pirata, esposa de José María Riobóo, constructor del segundo piso y diseñador del AIFA, exmiembro del consejo asesor empresarial de AMLO; y otros candidatos como César Mario Gutiérrez Priego, es hijo de José de Jesús Gutiérrez Rebollo, un general de división del Ejército mexicano condenado a 40 años de prisión por múltiples cargos, o Paula María García Villegas Sánchez Cordero, hija de la exmagistrada Olga Sánchez Cordero, ex secretaria de gobernación y senadora de la república.
Todos ellos con una evidente ventaja sobre otros que sí tienen una verdadera carrera judicial, como la hidalguense Rebeca Aladro Echeverría, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura y representante del poder judicial del Estado de Hidalgo, que posee una trayectoria de más de 40 años en el poder judicial, o Rosa Elena González Tirado, cuya carrera en el poder judicial inició como secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal y luego pasó del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al de Estudio y Cuenta en la Primera Sala de la Suprema Corte; en 1999 fue nombrada jueza titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; fue magistrada de circuito, magistrada del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones y posteriormente, designada consejera de la Judicatura Federal por el pleno de la SCJN.
Muy difícilmente los ciudadanos podrán tener acceso a conocer con detalle sus trayectorias y decidir en favor de los mejores perfiles. Lo grave es que, con la configuración del nuevo poder judicial, la impunidad no será abatida, no mejorará la impartición de justicia ni se preservará el Estado de derecho.
¿Este es el país más democrático que dicen que tenemos?
X: @diaz_manuel
